Tal y como
están las cosas, y dado que los poderes ejecutivo y legislativo están en las
mismas manos sospechosas de corrupción, tendrá que venir del poder judicial la
investigación, la aclaración y el determinar las posibles consecuencias penales
de las tramas corruptas que amenazan el Estado y a la ciudadanía. Tendrá que
ser el poder judicial el que desbroce de infames, corruptos, mafiosos y
delincuentes este territorio de la avaricia en que se ha convertido el país que
un día, no hace tanto, nos pareció modélico y feliz.
La independencia
del poder judicial debe jugar ahora la baza que le corresponde en ese control y
equilibrio de poderes que sostiene el sistema democrático con la finalidad de
esclarecer y limpiar de malas hierbas el huerto de la política y que amenazan
con cubrir y estrangular cualquier otro cultivo que merezca la pena.
