Cinco días llevan mareando la perdiz de la venta de
la venta de determinados terrenos, fincas o propiedades de la Infanta Cristina , sin que
parezca que el asunto esté claro. ¿Vendió o no vendió esas 13 fincas? No debe
ser tan difícil comprobarlo, pensamos los ciudadanos normales, a los que la Agencia Tributaria
rápidamente nos pone firmes y nos llama al orden cuando cometemos algún error.
¿Qué se oculta, pues, detrás de esta noticia que,
al parecer, nadie quiere aclarar? ¿Es posible, o creíble, que la Agencia Tributaria ,
en el informe remitido al juez José Castro, haya cometido hasta 13 errores?
¿Es posible, o creíble, que no se hicieran las
comprobaciones pertinentes, sobre todo tratándose de quien se trataba? ¿Y si se
hicieron, es posible, o creíble, tanta contradicción?
Se dice que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
¿A quién o a qué intereses favorece tanta confusión informativa y mediática?
Demasiados interrogantes, respuestas confusas y
ausencia total de responsabilidades, sazonan otro amargo sapo, el enésimo ya,
que la ciudadanía de este país está tragando en salsa de crisis y en una
ceremonia de la contaminación que está haciendo trizas, no sólo la economía de
los ciudadanos menos favorecidos, sino la convivencia y la confianza de todos
en las instituciones y los órganos competentes del Estado que, al parecer, cada
vez están más lejos y más alejados de aquellos a los que debería proteger,
informar y ayudar.
Alguien (asociaciones de ciudadanos, poder judicial, nuevas formaciones políticas...) debería poner en orden tanto desbarajuste,
tanta manipulación y tanto escándalo en un país que lo que necesita con
urgencia es una regeneración que comience, no desde la base, sino desde la
cúspide de un sistema que se pudre día a día en sus instituciones más
representativas.