Sube el IVA, los funcionarios se
quedan sin paga de Navidad, se recorta la prestación para los nuevos parados y
se elimina la deducción por compra de vivienda: son algunas de las medidas que
el gobierno de Rajoy y del PP han anunciado con el aplauso (se lo podían haber
ahorrado, por respeto a la ciudadanía) de la bancada de sus diputados.
Mientras tanto, vía libre al fraude y
a la corrupción, amnistía fiscal para los defraudadores, para todos los que han
aprovechado los años de bonanza y su posición de privilegio social, político, familiar,
mercantil o empresarial para forrarse a costa del erario. Su avaricia
desmedida, su codicia sin pudor y sin límites ha arrastrado a nuestras
sociedades por la pendiente de una crisis que parece inventada a propósito para
justificar desmanes posteriores que se suceden sin tregua ante el estupor y el
aturdimiento de los ciudadanos, que asisten a esta ceremonia de la crispación
con la zozobra y el malestar propio de aquellos que ven cómo se alejan o se
evaporan los beneficios conseguidos en épocas pasadas y recientes.
¿No les parece que la balanza está
excesivamente descompensada? ¿No les parece que la crisis no es más que una
coartada para poder recortar impunemente los derechos sociales y los derechos
civiles de la ciudadanía, que tanto esfuerzo y tanto tiempo ha costado
organizar y construir?
¿No les parece tomadura de pelo,
indecencia y mal gobierno el que los recortes recaigan una y otra vez sobre los
sectores más débiles y más pobres de la sociedad y sobre los servicios que
éstos reciben, como la sanidad y la educación, públicas y gratuitas hasta
ahora?
El desprecio del actual Estado hacia
las personas y sus circunstancias se encarna en la respuesta o los comentarios
que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, especialista en recuento de
manifestantes, hace cuando le comunican que los mineros están en Madrid y están
siendo apoyados por la ciudadanía; y en el comentario “Que se jodan”, de la diputada del PP, Andrea Fabra, cuando Rajoy
explicaba en el Congreso de los Diputados los recortes en las prestaciones a
los parados. ¿No demuestran así su soberbia y su desdén hacia todo aquello que huela
diferente, que no pertenezca a su “clase”? ¿Son estos, con su constante insulto
a los ciudadanos, los que nos van a sacar de esta crisis, o van a hacer todo lo
posible por mantenernos en ella para aumentar sus diferencias, sus
prerrogativas y su altivez? ¿Qué clase de políticos son estos que gobiernan al
dictado y a la dictadura de los poderes fácticos económicos, que ya se han
quitado la careta y campean con el engreimiento y la arrogancia que da el sentirse
impunes ante la ley y la justicia?
¿Nos les parece insultante, inmoral y
desvergonzado que en este estado de cosas la Iglesia, por ejemplo, haya
recibido, al parecer, 11.000 millones de euros a lo largo del año 2012, entre
subvenciones directas, beneficios fiscales y desgravaciones? ¿Esta es la
igualdad de todos ante la ley?
¿Por qué en vez de tanto recorte no
se investiga, se persigue, se penaliza y se rescatan tantos y tantos millones
de euros que han pasado de forma fraudulenta de manos públicas a bolsillos
privadas y se multiplican en paraísos fiscales o en inversiones descaradas en
este río revuelto de las finanzas sin control?
¿Por qué hay más interés por
aplastar, destruir y perjudicar al débil, al que no tiene culpa ni es
responsable ni se ha beneficiado de nada, que por investigar los desmanes,
robos y fraudes millonarios que se han llevado a cabo año tras año con el
dinero de todos y que han beneficiado a los infractores y corruptos que,
además, y para más inri y escarnio de todos, se pueden acoger a la amnistía
fiscal del gobierno y legalizar sus desmanes?
¿Se va a construir así, con estas
mimbres, una sociedad más justa, más equitativa, más honrada, más solidaria?
Permítanme que lo dude.